Tres alcaldes de Zafra y otras 13 personas declaran por una supuesta malversación y prevaricación en el ayuntamiento
Los delitos son investigados por Fiscalía a raíz de las denuncias presentadas por Izquierda Unida y el sindicato USO
Los dos últimos alcaldes de Zafra, el actual, José Carlos Contreras (alcalde desde 2015 por el PSOE) y, su antecesora en el cargo, Gloria Pons ( ... en la legislatura de 2011-2015 por el PP), junto a dos concejales de Personal de sus respectivos Equipos de Gobierno, prestaron declaración este martes, 8 de noviembre, en el Juzgado de Zafra, como investigados en un proceso de diligencias previas por supuestos casos de prevaricación, malversación de caudales públicos, un delito de nombramiento de una persona sin que concurran los requisitos legales establecidos y otro delito de aceptación de cargo sin que tampoco concurran los perceptivos legales.
La Fiscalía investiga estos supuestos delitos a raíz de sendas denuncias presentadas por Izquierda Unida Extremadura y el sindicato USO después de la interposición de un reparo por parte de la interventora municipal en marzo de 2021, por considerar una irregularidad el abono de los complementos de productividad y de las gratificaciones a trabajadores municipales, ya que no estaba refrendado en ningún documento jurídico ni había pasado por el pleno municipal. Desde ese momento dichos pagos fueron paralizados y, tras recabar la documentación y de las pertinentes investigaciones llevadas a cabo por la Fiscalía, se habría desprendido que los pagos se venían efectuando de forma habitual en las distintas legislaturas previas.
Por ello prestarán declaración hasta tres alcaldes de la localidad y 12 personas más que al menos en los últimos 20 años han sido cargos o han ocupado puestos en el del consistorio con alguna responsabilidad en este sentido, de igual manera en calidad de investigados (no como acusados, pues recordemos que solo se trata de diligencias previas).
De hecho, este martes también estaba llamado a declarar quien fuera alcalde de la localidad entre 2003 y 2011, Manuel García Pizarro (PSOE), que no ha podido asistir por motivos médicos y lo hará otro día.
Todos acudirán como investigados. En el auto judicial se indica que de momento no están determinadas la naturaleza y las circunstancias de los hechos «ni las personas que han intervenido».
Ninguno de los que este martes han declarado Juzgado de Zafra ni sus representantes legales ha querido ofrecer declaraciones a la prensa.
Sí lo hizo el abogado de uno de los investigados en este proceso, quien ha valorado tras estar presente en las declaraciones que «está quedando sobradamente acreditado que estamos ante una denuncia política e instrumentalizada por una organización político sindical para conseguir un rédito político». Según el letrado estaría quedando igualmente clara «la total transparencia y la actividad del Ayuntamiento de Zafra. No hay nada que malpensar por parte de la ciudadanía, no entendemos por qué estas 15 personas están siendo investigadas y esperamos que un pronto archivo de las actuaciones».
También ha informado Fernando Cumbres que a las partes que interpusieron la denuncia en Fiscalía no se les ha permitido participar en las declaraciones «porque no estaban debidamente personadas», con lo que la acusación habría sido practicada por el Ministerio Fiscal. «Entendemos que ha habido una malinterpretación de lo que son los protocolos internos de un ayuntamiento y se está sometiendo a una serie de personas a una injusta pena de banquillo».
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