La Plataforma para la Defensa de los Derechos de las Personas Mayores, Personas con Discapacidad y Vulnerables de Zafra ha trasladado a los grupos políticos ... del Ayuntamiento, y en especial al equipo de gobierno actual, una serie de propuestas destinadas a mejorar la situación de la Residencia de Mayores José González Barrero, un centro que, según denuncian, atraviesa importantes carencias estructurales y de funcionamiento.
En un comunicado, firmado por el presidente de la plataforma, Joaquín Castillo, y compartido en sus redes sociales, solicita que el Consistorio recabe del Servicio Extremeño de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a la Dependencia (SEPAD) la obtención de «fondos necesarios», que permitan dotar al centro de los «materiales necesarios» para garantizar su funcionamiento «con el mínimo de calidad y la sostenibilidad que la legislación vigente exige».
Entre las principales preocupaciones figura la situación de provisionalidad en la que permanece el centro. La plataforma considera necesario que Ayuntamiento y SEPAD aclaren definitivamente sus competencias y responsabilidades para poner fin a un conflicto institucional que viene condicionando la gestión de la residencia. Además, pide que el futuro acuerdo entre ambas administraciones tenga «la suficiente consistencia jurídica» para evitar que el centro continúe «sometido a los vaivenes de los cambios políticos», una circunstancia que, según señalan, ha contribuido a la situación actual.
La plataforma también pone el foco en la atención diaria que reciben los residentes. En este sentido, el comunicado reclama «que se revise la dotación de personal auxiliar para que los servicios esenciales puedan prestarse con efectividad y acomodo a la situación de dependencia total que tienen la mayoría de los residentes» y añade que las normas actualmente aplicadas, a juicio del colectivo, «no cumplen con la ley». Asimismo, con el objetivo de mejorar la calidad de vida de las personas mayores, piden que se estudien fórmulas para proporcionar «unas terapias ocupacionales que aporten unos mínimos vitales acordes con su situación», al considerar que este tipo de actividades son fundamentales para su bienestar físico y emocional.
El comunicado termina recordando que la residencia lleva «27 años funcionando sin que se haya renovado material alguno» y lamenta que el centro tenga que «subsistir con material de desecho de otras instituciones».
Desde la propia plataforma, que actualmente cuenta con 160 socios, se muestra disposición al diálogo y a la colaboración con las administraciones, para «defender los derechos de personas que, por su dependencia, derivada de su alto nivel de discapacidad o de sus circunstancias particulares, no pueden hacerlo». También subrayan su voluntad de «colaborar y aportar cuantas ayudas se nos soliciten» y esperan que las reuniones mantenidas con los distintos grupos políticos en los últimos meses «se traduzcan en hechos».
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