JUAN CARLOS Fernández
Domingo, 31 de diciembre 2017, 08:25
Las Diputaciones provinciales son unos organismos beneméritos que ayudan a que las localidades con menores medios subsistan. A pesar de esto, están cuestionadas por quienes entienden que con la estructura administrativa de las Comunidades Autónomas hay más que suficiente y que, por consiguiente, mantener las entidades locales de carácter provincial sólo supone gastos. En un elefantiásico conglomerado de administraciones, esto pudiera tener sentido. Yo, personalmente, prefiero la subsistencia de las Diputaciones y prescindir de la fragmentación excesiva que suponen las muchas mancomunidades existentes. Pero esto es harina de otro costal y no voy a entrar ahora en detalles.
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Insisto en la utilidad de las Diputaciones, aunque los dirigentes de tan útiles corporaciones provinciales, en ocasiones, puedan desbarrar. Eso ocurre, me parece, en la de Badajoz, que se ha constituido en abanderada de la aplicación de la legislación sobre la denominada Memoria Histórica cuando, en mi opinión, quien debiera si procede instar su cumplimiento debería ser el Gobierno. No me detendré en las profundidades de la controvertida norma, pero desde luego chirría la exigencia (so pena de la pérdida de subvenciones) de adoptar acuerdos municipales para la eliminación de nombres de calles o para la retirada de honores a determinadas personalidades del franquismo. Y, como desde luego a mí nadie puede calificarme de franquista, que ahí están mis opiniones y mis obras y no tenía edad para esas veleidades en vida del dictador, y además he estudiado con algún detalle la personalidad política de algunos de los protagonistas de esa época en Zafra, ya les anticipo que me importa un bledo que algunos interpreten que mi opinión de hoy es querencia por el fenecido régimen, felizmente eclipsado por nuestra democracia.
De modo que, sin más preámbulos, les diré que me parece una barbaridad que en mi ciudad natal, Villafranca de los Barros, tengan que declarar que las calles dedicadas a la Legión o al Ejército (y esta última es la mía) lo son por motivos distintos a los originarios. Vamos a ver, con independencia de lo que en su día ocurrió durante la Guerra, hoy los Ejércitos tienen unas misiones constitucionales nítidas, se comportan ejemplarmente; son fuerza, no poder, como en cualquier democracia, y hasta gozan de un merecido aprecio. Entonces, ¿si no se promulga una declaración expresa en la que consten las muy poderosas razones existentes para que se mantengan las dedicatorias a nuestras Fuerzas Armadas, estas no son democráticas? A otro perro con ese hueso.
¿Y, siguiendo lo dispuesto por la Diputación, debería valorarse si procede conservar, ya en Zafra, los nombres de las calles de Antonio Zoido, Manuel Álvarez o Antonio Chacón? ¿Debe nuestra Corporación perder su tiempo en esto? Vamos a ver, durante años se han mantenido estas dedicatorias porque han sido personas que, con independencia de haber sido alcaldes en la época de Franco, hicieron cosas más o menos notables por Zafra. De Zoido conozco poco, pero puedo decirles que fue el primero en referirse a lo conveniente que sería un parador para Zafra; y que fue el primer director del Taller Escuela sindical que con los años se convirtió en el IES Cristo del Rosario. De Álvarez tampoco sé mucho. Pero sí que fue el alcalde que puso en marcha la solicitud del Parador. También hay que aplicar la damnatio memoriae a Adolfo Díaz Ambrona, ministro de Agricultura, que tanto tuvo que ver con la Feria de Zafra.
Estoy mucho más al tanto de la obra de Antonio Chacón Cuesta, alcalde, diputado provincial y procurador en las Cortes franquistas. Hombre culto, preocupado por su ciudad hasta el extremo de ver agravada su ya mermada su salud, y promotor de algunas de las realizaciones más interesantes que hicieron de Zafra otra ciudad. No me extenderé, puesto que en estas páginas ya he hablado con frecuencia de él y además he escrito un libro sobre su gestión. ¿Fue peor alcalde por ser franquista? Desde luego, no he escuchado ningún clamor en Zafra pidiendo que se destierre del callejero a los alcaldes citados. Y me parece que a nadie en sus cabales le parecerá pertinente que nuestro Pleno municipal pierda su tiempo en estas cosas.
La disposición de la Diputación me parece arbitraria y hasta inconsecuente. Por ejemplo, al pueblo de Acedera le conminan a quitar el nombre de Calvo Sotelo, dirigente ultraderechista asesinado en la II República. Símbolo de la propaganda franquista. Bueno, lo de ultraderechista podría ponerse en contraste, por decir algo, con Largo Caballero, que también tiene calles dedicadas. Desde luego, Largo y Calvo Sotelo tenían de demócratas lo que yo de astronauta, pero sólo nos fijamos en la calle del último. Además, supongo, Calvo Sotelo no tendría el más mínimo interés en convertirse en símbolo del franquismo; me malicio que hubiese preferido sobrevivir, simplemente. De modo que, sin haber llegado a vivir el franquismo, lo convierten en franquista. Y sobre su utilización simbólica, el que esté libre de haberlo hecho y hacerlo con personajes absolutamente antidemócratas, que tire la primera piedra.
Miren, en España ya se han cambiado con profusión las calles con epónimos de infausto recuerdo. Y, por si no nos hemos dado cuenta, tenemos otros problemas muy graves a la vista. De modo que no se debe regar fuera del tiesto, como lo hicieron aquellos mandarines que quisieron quitar en Cáceres el nombre de Héroes de Baler a una avenida: no se fijaron en el nimio detalle de que aquellos esforzados españoles no eran combatientes del franquismo, sino los mismísimos últimos de Filipinas.
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En fin, se empieza mandar felicitaciones diciendo que el solsticio de invierno anuncia la llegada de la prosperidad y la entrada a un nuevo año que alumbrará a nuestros pueblos y se acaba disparatando con algunos vestigios toponímicos de la Guerra Civil y el Franquismo.
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