Ciudadanos llevará al Pleno la ocupación ilegal de viviendas
En una moción insiste en la necesidad de la colaboración de los ayuntamientos y el refuerzo de sus competencias en ese sentido, así como en el endurecimiento de las sanciones penales
El grupo municipal Ciudadanos ha presentado en el ayuntamiento una moción para que se agilicen «lo máximo posible» los trámites para el desalojo de las viviendas ocupadas, así como para que se refuercen las competencias de los ayuntamientos para velar por la seguridad y convivencia ciudadana en las ocupaciones ilegales.
El portavoz del grupo en Zafra, Francisco Fernández, asegura que «en Zafra últimamente hemos sufrido algunas ocupaciones de viviendas, con lo que eso conlleva para sus propietarios».
En la moción se indica que la 'okupación' «es un acto ilegal que merece el reproche de los poderes públicos. Convierte a los dueños y a los vecinos en víctimas». También consideran que nuestro ordenamiento jurídico «es incapaz de garantizar suficientemente a los ciudadanos la tenencia y el disfrute pacífico de su propiedad, puesto que los cauces legales son manifiestamente insuficientes».
Por estos y otros motivos que desarrollan en el documento instan a elaborar un Plan Municipal contra la Okupación Ilegal de Viviendas. También proponen potenciar la coordinación y la cooperación institucional para reforzar la eficacia en la lucha contra la ocupación ilegal de inmuebles, en particular, entre la Policía Municipal, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, así como con la Administración de Justicia, para asegurar una pronta actuación ante ocupaciones que atenten contra la seguridad y la convivencia ciudadanas.
En tercer lugar instan al Gobierno de España y a las Cortes Generales a promover todas las reformas legales que sean necesarias para defender la propiedad privada, garantizar la convivencia y la seguridad ciudadanas y luchar contra la ocupación ilegal de viviendas, entre ellas agilizar los juicios relacionados con los desalojos habilitar a las juntas de propietarios para instar los desalojos, reforzar las competencias de los ayuntamientos en esta materia y endurecer las sanciones penales.
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