El campo extremeño alcanzó datos históricos de paro en el último trimestre de 2019

Sometido a crisis económicas e inclemencias del tiempo, el sector agrario siempre ha tenido un comportamiento muy volátil en el mercado laboral, con épocas de crecimiento del empleo y otras de subida del paro. Pero nunca, en la serie reciente que arranca en 2008, había tenido un trimestre tan malo como el último de 2019, en el que ganó 8.500 desempleados y perdió 10.100 ocupados.

Según los datos que periódicamente arroja la Encuesta de Población Activa (EPA), desde el mencionado 2008 el campo siempre ha supuesto en torno al 11% de los activos de la región. El sector se ha movido desde entonces entre los 45.000 y los 60.000 trabajadores, dependiendo de las épocas (el primer y último trimestre de cada año suelen ser malos) y la situación económica (durante la crisis, el campo fue el refugio de quienes perdieron su puesto en la construcción).

Además, los buenos resultados del sector hicieron que a partir de 2017 el campo extremeño atrajera a más trabajadores, hasta llegar a un máximo de 69.700 activos a mediados de 2018.

Desde ese momento, se ha comenzado a registrar una caída en el empleo agrario, hasta el desplome de finales del 2019 que se ha conocido esta semana, y que ha llevado al presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, a vincular la subida del salario mínimo con los efectos en las contrataciones, originando una tormenta política.

2019 comenzó con un mal dato de 20.000 parados en el primer trimestre, pero la evolución del sector en los siguientes meses permitió que la cifra de desempleados cayera a 9.000 en septiembre, el dato más bajo desde 2008. Lo malo es que al mismo tiempo también se produjo una caída en el número de ocupados, lo que indicaba que se estaba produciendo una pérdida de pujanza en el sector. La percepción se confirmó con todo su estrépito al cierre del año, con la citada pérdida de ocupación y subida del paro, en ambos casos en máximos históricos.

El último trimestre del año siempre es malo para el campo, con subidas del desempleo. La finalización de campañas que requieren mucha mano de obra, como la fruta y la vendimia, y la llegada de las malas condiciones meteorológicas explican una evolución que se considera estructural. Hasta aquí, la tendencia registrada es muy normal. Lo «anómalo», para utilizar una palabra empleada por el propio Fernández Vara, está en las cifras, más altas, es decir, peores, esta vez.

En los últimos años, con el sector en crecimiento, el número de parados ha subido en torno a 2.000 trabajadores en el cierre de cada ejercicio. Hasta ahora, el peor dato se produjo en 2014, cuando se llegó a 7.400. Esta vez se han alcanzado los 8.500, aunque es cierto que se partía del menor dato de desempleo desde 2008 ya que las cifras de 2017 y 2018 habían sido bastante positivas.

Se aprecia, por tanto, que se ha producido un ajuste del sector, que está regresando al número de activos que tenía antes y durante la crisis económica, dejando atrás los picos de los últimos años.

Sin embargo, habría que analizar por qué el cambio se ha concentrado de forma tan radical en los tres últimos meses de 2019 y si, como ha apuntado el presidente de la Junta, guarda relación con la primera subida del salario mínimo hasta los 900 euros. Esto, junto a la reducción de la renta agraria, implica más costes laborales para el empresario en un entorno, además, de precios bajos (motivo de la manifestación de esta semana en Don Benito), lo que para Fernández Vara explicaría la caída de la contratación.

Para Ángel García Blanco, de la organización agraria Asaja Extremadura, la caída del empleo se debe a esa falta de beneficio. Como explica, en la campaña de aceituna una peonada con el salario mínimo cuesta 46,34 euros. Un trabajador puede recoger hasta 400 kilos al día, lo que implica 11,5 céntimos por kilo. Según indica, el precio de mercado es de 20 céntimos el kilo, por lo que hay agricultores que, para ganar 8 céntimos por kilogramo de aceitunas, se planteen que es mejor no recoger el producto. En consecuencia, no contratan.

Algo parecido ha ocurrido con la ciruela, que se ha vendido a 26 céntimos el kilo. Asegura que solo la mano de obra cuesta 18, a lo que habría que sumar los productos fitosanitarios. Eso explicaría, a su juicio, que en los últimos meses se hayan arrancado unas 2.700 hectáreas de frutales, que a 150 peonadas por hectárea son más de 400.000 jornales que se han perdido.

En este contexto, García Blanco reclama «precios justos para el campo, única forma de que los agricultores se animen a contratar trabajadores». Pero apunta también a otros factores, como el efecto que puede tener el subsidio para los mayores de 52 años, lo que a su juicio fomenta el aumento del paro y la economía sumergida: el efecto perverso de una medida social como esta consistiría en que hay quien se conforma con el subsidio o bien, para no perderlo, prefiere que no se le dé de alta aunque trabaje.

Otro tercer factor sería la mecanización que se extiende por el sector, algo imparable y que se observa por ejemplo en el olivo superintensivo, cultivo en expansión. Finalmente, el responsable de Asaja cita el salario mínimo, que con la última subida pasará de 46,32 a 49 euros la peonada. «Menos gente vamos a contratar», adelanta.

Ignacio Huertas, de UPA-UCE, también considera que la subida del 22% del SMI ha tenido consecuencias en la contratación en el campo. Pero añade la sequía y «los malos resultados en campañas del último trimestre» como otros factores que explicarían el final tan malo de 2019.

En concreto, Huertas explica que la producción de aceite ha caído un 40%, con lo que eso implica de descenso en la recogida de la aceituna y por tanto de jornales. Además, la vendimia, que concluye en el último trimestre del año, ha bajado un 20%; y la ciruela, que también apura hasta finales del ejercicio, ha dejado buena parte de productos sin recoger por el bajo rendimiento que se traslada al agricultor, es decir, los precios de nuevo.

En el caso de la fruta, el dirigente de UPA-UCE destaca que las centrales no trabajan con contratos previos con los agricultores, lo que permite jugar con los costes y endosar a los productores los problemas de precios bajos en el mercado. De ahí que también reclame unos precios justos más o menos garantizados y mejores condiciones para los profesionales de este sector.

Aesto suma las consecuencias del pedrisco, que afectó a miles de hectáreas. Asu juicio, todo ello explica que en los últimos meses se hayan arrancado más de 2.500 hectáreas de frutales, bien para hacer reinjertos y destinarlas a otros productos o bien para directamente poner en marcha otras plantaciones.

Por su parte, Miguel Talavera, responsable de la Federación de Industria, Construcción y Agro (Fica) de UGT Extremadura, considera que la subida del paro no guarda relación con el aumento del salario mínimo. «No me vale que se relacione directamente», afirma. Como indica, estaba en vigor desde principios de año, y sin embargo no tuvo efecto sobre el empleo en los primeros tres trimestres de 2019.

Hay que precisar, en cualquier caso, que es cierto que el salario mínimo se aprobó en febrero, y que tenía efecto retroactivo desde el 1 de enero, pero no se llegó a aplicar en el campo extremeño hasta que un laudo arbitral estableció, en el mes de mayo, que debía trasladarse a los sueldos del sector.

Aún así, Saturnino Lagar, de la Federación de Industria y campo de Comisiones Obreras Extremadura, coincide con Talavera en que no tiene sentido apuntar al salario mínimo como responsable del aumento del paro al cierre del 2019 si no tuvo efecto en los trimestres anteriores. «No tiene absolutamente nada que ver», resume.

Saturnino Lagar también opina que la sequía ha disminuido la producción, pero si se comparan las campañas de los últimos meses del año con las de ejercicios anteriores no se aprecian cambios significativos que expliquen un aumento de 8.500 parados en un trimestre.

Además, recalca que dos de las campañas del tramo final del año, como son la vendimia y la aceituna, suelen ofrecer salarios por encima del salario mínimo debido a su especial dureza. De esa forma, en la práctica no han notado el aumento a 46,34 euros por jornada, puesto que se paga más de 50 euros. «No podemos pensar que la subida del salario mínimo sea la ruina del sector agrario», afirma.